La necesaria regulación del alquiler vacacional
egLas Elecciones Generales, Autonómicas y Municipales, y Europeas, han acontecido en España el mismo año y casi a la vez. Estamos, por lo tanto, en una época de cambios tumultuosos. El futuro se presenta borroso, pero, ahora que sabemos qué partidos, y sobre todo qué ideologías, han consolidado su hegemonía, podemos atisbar el posible devenir de ciertas políticas que se habían quedado en el tintero, o que incluso habían desaparecido tras los años de gobierno anterior.
Sin duda, y a pesar de sus necesidades en materia de pactos, el triunfo ha sido del PSOE y, con él, de la izquierda. Eso significa que, durante los cuatro años siguientes, será imperativo el desarrollo y la recuperación de políticas sociales. Una de ellas es la regulación del alquiler vacacional.
Los alquileres vacacionales en viviendas particulares, presentados como una manera económica de viajar y por lo tanto como un gancho para personas de poco poder adquisitivo, son en realidad, tal y como funcionan en la actualidad, un atentado contra los derechos de la ciudadanía.
El liberalismo empresarial campa a sus anchas y, sin una ley que regule de una forma moral el alquiler turístico sin que destruya el derecho de acceso a la vivienda de cientos de miles de personas y familias en situación precaria, la especulación campa a sus anchas. Mientras cada vez más personas solicitan préstamos con ASNEF para pagar un alquiler cada vez más desorbitado, a otros no les queda más remedio que marcharse de su hogar, dejando vía libre a empresarios sin escrúpulos para su negocio.
El actual Gobierno tiene que materializar en forma de leyes un hecho incuestionable: el derecho de la ciudadanía a encontrar una vivienda estable de alquiler, van antes que los derechos de los turistas que, ajenos o inconscientes a lo que ocurre, se congratulan de encontrar un alojamiento tan barato en tierras españolas.
Mientras esto ocurre, solicitar uno préstamo personal o cualquier otro tipo de ayuda para afrontar los gastos del alquiler es una buena idea, pero no cabe duda de que deberían establecerse obligatoriamente unos precios de alquiler máximos. Esta situación debe acabar.